Respuesta corta: no. En un arriendo de vivienda urbana en Colombia el dueño o la inmobiliaria no te pueden exigir un depósito en dinero ni otra caución real (como una prenda o una hipoteca) para garantizar el contrato. Lo prohíbe el artículo 16 de la Ley 820 de 2003, y la prohibición cubre también el depósito disfrazado con otro nombre o pactado en un documento aparte. Lo que sí pueden pedir es una garantía personal, como un codeudor o una póliza de arrendamiento, y una garantía para los servicios públicos que va a favor de la empresa de servicios, no del dueño.
Acá te explicamos qué dice la ley, qué garantías son válidas, cuánto puede valer la garantía de servicios y qué hacer si ya pagaste un depósito. Información verificada al 9 de noviembre de 2026; no constituye asesoría legal. Para tu caso concreto consultá a un abogado.
¿Qué dice la ley sobre el depósito en arriendo?
El artículo 16 de la Ley 820 de 2003, que regula el arriendo de vivienda urbana, dice textualmente:
“En los contratos de arrendamiento para vivienda urbana no se podrán exigir depósitos en dinero efectivo u otra clase de cauciones reales, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conforme a dichos contratos haya asumido el arrendatario.”
Y agrega que esas garantías “tampoco podrán estipularse indirectamente ni por interpuesta persona o pactarse en documentos distintos de aquel en que se haya consignado el contrato de arrendamiento, o sustituirse por otras bajo denominaciones diferentes”. En la práctica, eso significa que no vale:
- Pedir uno o dos cánones “de garantía” o “de depósito” que el dueño guarda hasta que entregués el inmueble.
- Cambiarle el nombre: “fondo de garantía”, “reserva”, “anticipo por daños”.
- Firmarlo en un documento separado del contrato o hacer que la plata la reciba otra persona.
- Exigirte una hipoteca o una prenda sobre tus bienes para respaldar el arriendo.
Definición: una caución real es una garantía que recae sobre una cosa o sobre dinero (un depósito, una prenda, una hipoteca). Una garantía personal, en cambio, suma a otra persona que responde si el inquilino no paga, como un codeudor o una aseguradora.
Ojo: esta regla es para vivienda urbana. Los locales comerciales y las oficinas no se rigen por la Ley 820. Si querés el panorama completo de la ley, mirá nuestra guía de la Ley 820 de 2003 explicada.
¿Qué garantías sí puede pedir el dueño?
Codeudor o deudor solidario
Es una persona que firma el contrato y responde por las obligaciones del inquilino si este no cumple. La Ley 820 lo reconoce: el artículo 8, numeral 3, obliga al dueño a entregar copia del contrato con firmas originales al arrendatario y “al codeudor, cuando sea el caso”, dentro de los 10 días siguientes a la firma. La ley no fija cuántos codeudores se pueden pedir ni exige que tengan finca raíz: eso lo define cada arrendador o inmobiliaria.
Póliza o seguro de arrendamiento
Es un seguro que cubre al arrendador si el inquilino deja de pagar el canon, según las coberturas que se contraten. Para expedirla, la aseguradora estudia al inquilino; por ejemplo, SURA pide formularios del inquilino, documentos de solvencia y, según el plan, un codeudor. La Ley 820 no dice quién paga la póliza, así que depende de lo que se pacte: preguntalo antes de firmar y que quede por escrito.
Garantía para los servicios públicos
Es la única garantía de tipo dinero que la ley menciona en el arriendo de vivienda, y tiene reglas propias. La explicamos en la sección siguiente.
¿Qué es la garantía de servicios públicos y quién la guarda?
Cuando el inquilino paga los servicios, el artículo 15 de la Ley 820 permite que el dueño le exija garantías o fianzas a favor de cada empresa de servicios públicos, para que la casa o el apartamento no quede respondiendo por facturas que el inquilino no pague. El procedimiento está en el Decreto 3130 de 2003:
- Qué garantías sirven (art. 3): depósito en dinero a favor de la empresa, garantía bancaria o fiduciaria, póliza de seguros, fiador, endoso de títulos, fiducia o encargo fiduciario.
- Dónde queda la plata (art. 4): si es un depósito, se consigna en la institución financiera que señale la empresa de servicios y a favor de ella. No es plata para el bolsillo del dueño.
- Tope (art. 6 y art. 15 de la Ley 820): no puede pasar de dos veces el cargo fijo más dos veces el consumo promedio del estrato en un período de facturación; ese promedio se toma de los tres últimos períodos y se aumenta en un 50%.
- Vigencia (art. 7): como mínimo, igual al plazo del contrato; si el contrato se renueva, se renueva la garantía.
- Devolución (art. 4): cuando se informa la terminación del contrato, la entidad financiera devuelve el depósito dentro de los 20 días hábiles siguientes, descontando los servicios pendientes hasta esa fecha.
Para que funcione, el dueño tiene que denunciar el contrato ante cada empresa (en Cali, por ejemplo, ante EMCALI) con el formato que ella entrega, y remitir la garantía (art. 15 num. 2 de la Ley 820 y art. 5 del Decreto 3130). La Superintendencia de Servicios Públicos explica que así el dueño deja de ser responsable solidario por las deudas de servicios del inquilino. Si el inquilino no entrega la garantía dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma, el dueño puede dar por terminado el contrato (art. 15 num. 3).
¿Me pueden pedir varios meses de arriendo por adelantado?
La Ley 820 no trae una regla expresa sobre pagar varios meses anticipados como canon. Lo que sí deja claro el artículo 16 es que ninguna suma puede funcionar como garantía “bajo denominaciones diferentes”. Por eso la pregunta clave es para qué es la plata: si es el pago del arriendo de meses concretos, que se aplica mes a mes, es canon; si el dueño la retiene para cubrirse de daños o de incumplimientos y devolverla al final, en la práctica es un depósito y cae en la prohibición. Pedí que el contrato diga a qué meses corresponde cada pago y guardá los comprobantes.
¿Me pueden cobrar un estudio de crédito?
La Ley 820 no regula expresamente el cobro del estudio que hacen las inmobiliarias o aseguradoras para aprobar al inquilino. Ese cobro no es un depósito, porque no se guarda como respaldo del contrato, pero conviene que te informen el valor antes, que te expidan factura o recibo y que sepás si te lo devuelven en caso de no ser aprobado. Si lo que te piden como “estudio” es en realidad una suma que te devuelven al final del contrato, ahí sí estarías frente a un depósito prohibido.
Pagué un depósito, ¿cómo lo recupero?
- Reuní pruebas: el contrato, el recibo o la transferencia y los mensajes donde te lo pidieron.
- Pedí la devolución por escrito al dueño o a la inmobiliaria, citando el artículo 16 de la Ley 820.
- Acudí a la alcaldía. La inspección, control y vigilancia de los arriendos de vivienda está a cargo de las alcaldías (artículo 32), que conocen “de los casos en que se hayan efectuado depósitos ilegales” (artículo 33, literal a, numeral 3). En Cali, la autoridad es la Alcaldía de Santiago de Cali, que ya ha multado inmobiliarias por exigir depósitos prohibidos (comunicado de 2010).
- Conocé la sanción: el artículo 34 permite multas de hasta 100 salarios mínimos mensuales al arrendador que incurra en esas conductas, esté o no matriculado como arrendador.
Si la plata no aparece por las buenas, un abogado te puede orientar sobre cómo reclamarla. Y si el problema es que el contrato terminó y hay diferencias sobre la entrega, mirá cómo terminar un contrato de arriendo.
Si sos dueño: cómo protegerte sin depósito
- Pedí un codeudor solvente o una póliza de arrendamiento.
- Denunciá el contrato ante las empresas de servicios con la garantía del Decreto 3130 para que tu inmueble no quede respondiendo por facturas ajenas.
- Hacé un inventario con fotos al entregar el inmueble.
- Subí el canon solo como lo permite la ley: te lo explicamos en cuánto sube el arriendo en 2026.
- Si el inquilino deja de pagar, el camino es la restitución de inmueble arrendado, no cobrarse de un depósito.
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Información verificada al 9 de noviembre de 2026 con la Ley 820 de 2003 (arts. 8, 15, 16, 32, 33 y 34) en el Gestor Normativo de Función Pública y la publicación del Ministerio de Vivienda, el Decreto 3130 de 2003 (arts. 3 a 7) y el Concepto 442 de 2024 de la Superintendencia de Servicios Públicos. Información general, no constituye asesoría legal. Para tu caso concreto consultá a un abogado.